-La iniciativa busca aumentar la construcción de viviendas sociales en proyectos de integración social y densificar equilibradamente ejes estructurantes en las ciudades, facilitando el acceso de las familias a zonas mejor ubicadas y con más servicios.

-Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, destacó que “lo que estamos buscando es que las ciudades permitan que familias de menores ingresos puedan vivir en zonas bien equipadas, y para eso necesitamos no solamente un programa habitacional, sino también nuevas facultades que están traducidas en este proyecto de ley”.

El pasado lunes 03 de diciembre, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, presentaron el proyecto de Ley de Integración Social y Urbana, que transforma al MINVU en el nuevo Ministerio de Ciudad y Vivienda, y que entre sus atribuciones y principales tareas estará la de promover la construcción de casas con integración social a través de densificación equilibrada en zonas con potencial de desarrollo urbano.

La iniciativa, presentada por la máxima autoridad del país, contiene cuatro pilares centrales: nuevas atribuciones a la cartera, la densificación en zonas de desarrollo urbano, una nueva política de “arriendo protegido”, y mayor fiscalización y modificación a las prohibiciones a viviendas sociales.

“Las ciudades más integradas son más amigables, más cariñosas, más cercanas. Lo que buscamos es terminar con este país dividido, y que todos podamos convivir y tener la misma dignidad (…) para eso vamos a promover la integración social, facilitando, por ejemplo, el mejor aprovechamiento de los barrios que tienen mejor infraestructura: con líneas de metro, parques, seguridad, hospitales, consultorios, con familias integradas de todos los sectores socioeconómicos, porque juntos vamos a vivir mejor y vamos a ser más felices”, indicó el Presidente Piñera.

Uno de los objetivos de la nueva cartera será direccionar el desarrollo habitacional y urbano hacia donde hay fuerte inversión estatal, como líneas troncales de transporte público, estaciones de Metro o parques. Así lo destacó el ministro Monckeberg, al señalar que “estamos acelerando el proceso para que tengamos una mejor oferta a las familias, pero además mejores viviendas, y no solamente en cuanto a la calidad, sino que bien emplazadas, bien ubicadas, aprovechando bien la ciudad e integrándose de buena manera, para que no existan solo barrios de menores ingresos, sino que barrios donde puedan convivir familias de distinto origen e ingreso y eso permite la integración”.

El proyecto de Ley de Integración Social y Urbana crea las “Zonas de Integración Urbanas” que son espacios en los que —pese a tener un plan regulador restrictivo que no permita la densificación— se establecerán beneficios normativos que podrán aplicarse siempre que sea para el desarrollo de proyectos de viviendas integradas. Aquí también se incentivará los usos mixtos, es decir, además de viviendas se buscará generar servicios, equipamiento, parques u otros espacios que se estimen necesarios para cualquier área de la zona decretada.

Además, la iniciativa faculta a los planes reguladores intercomunales para que también puedan establecer Zonas de Integración Urbana. Los beneficios de norma urbanística relacionados con Zonas de Integración Urbana definidas en el plan regulador intercomunal predominarán sobre las normas generales de un plan regulador comunal.

Mirada regional

Para el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de O’Higgins, Francisco Ravanal, “el proyecto de ley pretende efectuar cambios profundos, proponiendo un nuevo nombre para nuestro Ministerio, Ciudad y Vivienda, de acuerdo a lo anunciado por el Presidente Piñera, donde se enfatiza que la ciudad, la planificación y el desarrollo influyen de gran manera en la calidad de vida de nuestros vecinos”.

“Esta ley permitirá que el Ministerio de Vivienda pueda definir zonas de integración urbana, entregando beneficios normativos que vinculen a los proyectos y que permitan que se desarrollen en los centros de la ciudades, entregando servicios y acceso al transporte público”, explicó Ravanal y agregó que ya están analizando paños en los que se podría desarrollar dichos proyectos.

Nueva política de “Arriendo Protegido”

Frente al déficit habitacional cuantitativo que presenta el país, más de 393 mil viviendas según el último Censo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo estableció una nueva política que impulsa la construcción de viviendas para el “Arriendo Protegido”. Se trata de propiedades que serán construidas y administradas por entes privados para ser habitadas por beneficiarios de subsidios de arriendo.

Para llevarla a cabo, se facultará a los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) para concesionar, mediante licitación pública, el uso y goce de terrenos de su propiedad, bajo la condición de contemplar un porcentaje de viviendas destinadas a beneficiarios del subsidio de arriendo. Una vez finalizada la concesión, el terreno y las viviendas serán restituidos a Serviu, lo que permitirá capturar la plusvalía de tales terrenos y las viviendas construidas ahí.

“Hoy existen 12 mil subsidios que nosotros entregamos como subsidios a las familias para que postulen y les ayudemos a pagar su renta de arrendamiento, pero nos falta oferta. Lo que haremos es someter a discusión del Congreso para que, por ejemplo, el suelo público —donde el Serviu sea propietario —, se puedan construir viviendas de arriendo, y sean administrados, construidos, para que luego de unos años vuelvan al Fisco a través de un sistema de concesiones. Queremos generar mayor oferta de arriendo, queremos disminuir el déficit habitacional, y que las familias opten por su vivienda definitiva”, explicó el ministro.

Por último, y como parte de este proyecto de ley, se fortalecerá la fiscalización de viviendas obtenidas con subsidios, que están desocupadas o están siendo utilizadas para fines distintos a los acordados. En paralelo, en el proyecto se establecen excepciones al plazo de prohibición de venta de una vivienda que haya sido objeto de subsidio, que actualmente es de 5 años o más, dependiendo del subsidio recibido.